| Número de referencia de la resolución: | 51-D-15 |
| Tesauro: | Lealtad, Nepotismo (Contratación de familiares), Resolución definitiva, Supremacía del Interés Público |
| Decisión: | Sanciona |
| Fecha de resolución: | 2018-12-17 |
| Fundamento: | En el presente procedimiento se atribuye al señor Nicolás Andrés García Castellón, participar en la adopción de los acuerdos de nombramiento, promoción y ascenso de su hermano, Luis Rodolfo Castellón García, en la Alcaldía Municipal de Santa María, correspondientes a los años dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. Una de las obligaciones que la Convención Interamericana contra la Corrupción impone a los Estados partes es la aplicación de medidas dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán orientarse a prevenir conflictos de intereses (Art. 3.5 Medidas preventivas, Convención Interamericana contra la Corrupción). En armonía con esa obligación convencional, la prohibición ética de “Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”, regulada en el artículo 6 letra h) de la LEG, sanciona la explotación de una posición de autoridad para conseguir empleo y otros beneficios a familiares o socios, lo cual constituye un tipo de corrupción conocido como nepotismo, que se caracteriza por realizar concesiones o contratar empleados con base en el favoritismo que proviene de las relaciones familiares, por la cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión. Dicha norma ética persigue evitar condiciones de desigualdad en el acceso a empleos públicos originadas por privilegios que generan la exclusión de otros grupos y por ende el funcionamiento deficiente en el desempeño de la función pública; y es que, la estructura orgánica del Estado no responde a intereses particulares, ya que el elemento que garantiza la situación del servidor público es, en puridad, garantía de la realización del interés público. Precisamente, se espera que todo servidor público actúe conforme a los principios de supremacía del interés público, imparcialidad y lealtad, contenidos en el artículo 4 letras a), d) e i) de la Ley; para lo cual están llamados a evitar relaciones laborales, contractuales, convencionales o de cualquier otra naturaleza que generen para ellos responsabilidades de carácter privado que los pongan en situación de anteponer su interés personal o el de sus parientes sobre el interés público y las finalidades de la institución pública en la que se desempeñan. El correcto, imparcial y leal comportamiento de los servidores públicos ayuda a que se preserve la confianza en su integridad y en la gestión pública. De ahí, la necesidad de prohibir este tipo de conductas. |
| Ley: | Vigente |
| Proceso(s) Acumulado(s): | Ninguno |
| Tipo de resolución: | Definitiva |
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